En la primera

RESUMEN DEL PROBLEMA

La corrupción es pues un problema de suma importancia y gran trascendencia publica. Generalmente es analizada de manera superficial. Es vista como un problema policiaco o judicial. Pocas veces se examinan sus orígenes. Identificarlos, sin embargo resulta fundamental para proponer formulas políticas eficaces.

Existen dos formas de tratar el problema de la corrupción. En la primera perspectiva se discute el deber ser. En la segunda el ser. Así que en una se analiza lo que debe hacer con la corrupción mientras que en la otra se trata de entender porque ella existe. Todos y cada uno de los miembros de una sociedad creen tener la solución contra los corruptos y muy pocos se han detenido, aunque fuera un minuto, a tratar de entenderla.

La corrupción merece atención, preocupación e indignación ya que se presenta prácticamente en todos los países del mundo y ciertamente en America Latina, todos los gobiernos a través del Poder Ejecutivo o Judicial, llevan a cabo periódicamente campañas contra la corrupción, ayudados por el interés de los medios de comunicación.

¿Porque a pesar de existir múltiples políticas contra ella, nunca hemos podido combatirla eficientemente? El autor señala que el error principal es que no hemos entendido que es la corrupción y que la tomamos como una causa, cuando es un efecto del alto costo de la legalidad. Mientras no lo veamos así, podemos llenarnos la boca con formulas retóricas y con condenas mas o menos generales, pero nunca produciremos instituciones mas honestas.

Este error de percepción deriva de otro menos frecuente: creer que las leyes son gratuitas. Esta idea es sencillamente una equivocación. La ley no es neutral sino costosa, ella supone, para cumplirse un determinado costo y un determinado beneficio. El costo de la ley no necesariamente se mide en dinero, no se mide siempre en moneda, sino en la cantidad de tiempo de información necesarios para obedecerlas.

Esta es una pura decisión basada en la utilidad individual, en la cual el ciudadano se sirve de la ley como un medio puesto a su disposición para tomar decisiones. Si la ley exige mucho tiempo, la gente no la cumple. Si la ley exige demasiada información, la gente no la cumple. El costo de la legalidad, cuando es muy alto, conduce a la desobediencia civil.

La ley tiene pues efectos asimétricos sobre los mercados. No afecta igual a todas las personas. Sus costos difieren en cada caso. Cuesta en términos de tiempo e información y no grava igual a las personas, porque afecta menos a los ricos y más a los pobres, pues estos sacrifican más que aquellos para cumplir la ley. Además esta asimetría produce múltiples distorsiones en la conducta individual.

El problema de la corrupción es saber cual es la naturaleza funcional. Se han identificado dos posiciones académicas sobre el problema.

Un grupo de gente cree que la corrupción es un impuesto es decir, existiendo costos de legalidad, lo que ocurre es que algunas personas encuentran muy rentable llevar a cabo su actividad económica corrompiendo a un funcionario. La corrupción seria una especie de impuesto que deben pagar los ciudadanos para mantener funcionando su actividad económica dentro de una determinada legalidad. Podríamos decir que estamos pagando un impuesto ilegal, informal, delictivo que permite escaparse de la persecución penal y sustraerse de la aplicación de las normas legales.

Mientras que otro grupo cree que la corrupción es un impuesto, que es un seguro. Es como si la gente compra una especie de seguro al corromper a un funcionario mediante el pago de la coima, que los previene de la persecución estatal. La coima seria como una prima mediante la cual se consigue que un funcionario de protección frente a la vigencia de una ley costosa.

¿Cuál es la solución para combatir la corrupción? Ciertamente, no vamos a hacerlo con campañas de prensa ni tampoco armando escándalos morales.

Vamos a combatir la corrupción eficientemente reduciendo el costo de la ley. Será la única manera mediante la cual encontraremos un mecanismo de política económica eficaz a largo plazo para reducirla.

El alto costo de la legalidad, empero no es causal. Responde a condicionamientos políticos pues es un reflejo de cómo se utiliza el poder legislativo en un estado. Cuando el poder carece de limitaciones, es previsible encontrar un alto costo de la legalidad.

Finalmente el costo de la ley es un reflejo del poder. Es por eso que siempre debemos recordar que la tentación del poder reside en su concentración.

CAUSAS Y ORIGEN DEL PROBLEMA

Cuando se produce una ley por un legislador o juez en el common law dicta una decisión con fuerza vinculante, en realidad le esta diciendo a los ciudadanos de su país que necesitan una cantidad de tiempo y de información determinados para ser protegidos por el sistema institucional. Pero ¿que ocurre si les exigen a los ciudadanos mucho tiempo o mucha información para cumplir con una ley?

Esta ley no se cumple, ni se cumplen las leyes cuyos beneficios sean mayores que sus costos. Solo se cumplen las leyes que demanden una cantidad de tiempo e información que sea menor que el beneficio previsto por el ciudadano para cumplir con ellas.

Cuando el costo de la legalidad excede su beneficio, la ley se incumple. En este contexto hay dos posibilidades. Cuando la ley es excesivamente costosa, los ciudadanos están puestos frente a una disyuntiva: hacen las cosas que legalmente están prohibidas o no las hacen. Esto dependerá de un análisis microeconómico personal de cada individuo. Habrá alguno que no hará las cosas prohibidas pero habrá otros que no tendrán mas remedio que hacerlas, en función de sus propias escala valorativa.

Esto significa que la ley no es neutral sino costosa, para cumplir un determinado costo y un determinado beneficio. Al referirnos que la ley es costosa no quiere decir en términos de dinero sino la cantidad de tiempo de información necesarios para obedecerlas.

La corrupción es consecuencia de un alto costo de la legalidad, es decir de un ambiente institucional en el cual la cantidad de tiempo y de información que se le exige a las personas es mayor que el beneficio que aquellas creen encontrar en cumplir y obedecer perfectamente la ley.

El fenómeno de la llamada economía informal es exactamente un caso en el que se admite la corrupción en sentido conceptual y como consecuencia de la mala economía de la ley frente a un sistema institucional excesivamente costoso. Hay centenares de millones de personas en el Tercer Mundo a las que no les queda más remedio que ponerse al margen y aun en contra de la ley para desarrollar fuera de ellas sus actividades económicas y sociales.

Así pues hay unas personas por la calidad de las cosas que hacen que ciertamente no se nos presentan como corruptos, pero en la lógica económica se corrompen para llevar a cabo aquella acción que esta legalmente prohibida.

CASO DE CORRUPCION PERUANO

A comienzos de 1990 llegaba a su fin el gobierno de Alan García Pérez, que se caracterizó por violaciones a los derechos humanos, corrupción y una hiperinflación en lo económico.

La agresiva contienda electoral enfrentó en la segunda vuelta al prestigioso literato Mario Vargas Llosa, tenaz opositor al régimen, con el hasta entonces desconocido ingeniero Alberto Fujimori, el cual contaba con el apoyo del gobierno a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

La campaña de desprestigio desatada contra el candidato opositor y las promesas electorales de Fujimori que eran: honradez, tecnología y trabajo, no shock, favorecieron a este último, saliendo vencedor en las elecciones. Sin plan de gobierno y bajo sospechas de haber evadido impuestos, el nuevo presidente cayó prontamente bajo la influencia del ex-capitán expulsado del ejército Vladimiro Montesinos Torres, que pasó a ser su asesor al desaparecer las pruebas de su evasión tributaria. Una vez en el poder, Fujimori incumplió su promesa electoral y aplicó un severo shock económico.

Tras una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y el Congreso, al cual se acusaba de "no dejar gobernar" ya que el Congreso aprobó la mayor parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, excepto únicamente aquéllas que otorgaban un poder desmesurado al SIN, Fujimori y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dieron un golpe de estado el 5 de abril de 1992, aboliendo la Constitución de 1979, cerrando el Congreso e interviniendo el Palacio de Justicia, de donde fueron extraídos muchos expedientes incómodos para los golpistas.

El golpe se llamaba "Plan Verde", documento elaborado en 1988 por un grupo de militares descontentos con el gobierno de García. Poco antes del golpe, la esposa de Fujimori, Susana Higushi, había denunciado que la hermana del presidente, Rosa Fujimori, comercializaba la ropa que donaba el Japón para los pobres, a través de la empresa Apenkai; la denuncia fue archivada poco después del golpe y Higushi fue encerrada en Palacio de Gobierno.

La población, ilusionada con el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" y ante la creciente amenaza de los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), apoyó en su gran mayoría la medida. Tras unas tímidas protestas, la OEA aceptó rápidamente la situación y no puso mayores objeciones al gobierno golpista. Se conformó entonces el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD), el cual elaboró la Constitución de 1993, que permitía la reelección presidencial inmediata para un periodo, a diferencia de la anterior, que la prohibía.

La captura del líder de SL, Abimael Guzmán Reynoso, en septiembre de 1992, significó el inicio del derrumbe de este grupo subversivo, lo cual incrementó la popularidad del gobierno de Fujimori. En noviembre de 1992 fue abortado un intento de golpe protagonizado por un grupo de militares liderados por el general Enrique Salinas Sedó, que buscaban restablecer la institucionalidad democrática. Al enterarse del hecho, Fujimori había intentado esconderse en la embajada del Japón.

Las denuncias por los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta, llevadas a cabo por el grupo Colina, dependiente del SIN, culminaron en la "Ley de Reconciliación Nacional" (Ley 26479) aprobada en junio de 1995 por el Congreso, que amnistiaba a todos los militares acusados por violaciones a los derechos humanos. Ese mismo año, Fujimori resultó vencedor en las elecciones presidenciales, tras derrotar al ex-Secretario General de la ONU Javier Pérez de Cuéllar en un cuestionado proceso electoral.

CONCLUSIONES

La corrupción ha sido facilitada por el predominio de regímenes autoritarios y por una frágil institucionalidad. Este contexto sirve para crear espacios en los que los funcionarios pueden maniobrar discrecionalmente. Bajo ese dominio más bien personal, prima siempre el manejo oculto y los negociados sin control.

Para el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la estabilidad y el desarrollo del país es necesario combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de la función pública, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Los actos de corrupción inciden en el desarrollo económico y social del país, distorsionan el gasto público, desalientan la inversión extranjera, inciden negativamente sobre las actividades del Sector Público y afectan la conciencia moral de la Nación.

Es necesario entender la corrupción como un problema integral, como un fenómeno relacionado al mal funcionamiento del Estado y a la falta de sistemas de control y vigilancia efectivos. Ese debiera ser el debate en materia de reforma del Estado. Una tarea que deberá asumir el próximo gobierno.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!